La penalización total del aborto en El Salvador como represión y tortura

Publicado en Cumbiarengue, parte de los blogs del Periódico Digital El Faro, en Antiguo Cuscatlán, el 3 de octubre de 2014.

La semana pasada se presentó en San Salvador el reporte que Amnistía Internacional hizo sobre el contexto y consecuencias de la prohibición total del aborto en El Salvador. Los medios de prensa tradicional no publicaron al respecto más que la reacción de Sí A La Vida, una ONG con afiliación a la Iglesia Católica. Empero, los medios digitales sí retomaron el informe y lo visceral de las réplicas al respecto es para dejar helado a cualquiera.

Solo El Faro pudo o quiso hablar directamente con Amnistía Internacional, logrando entrevistar a su secretario general, Salil Shetty. Es muy fácil perderse en la entrevista; cuesta elegir entre concentrarse en el hecho de que ni el Presidente ni el Vicepresidente de la República aceptaron reunirse con Amnistía, la opinión de este ente sobre los crímenes de guerra sin judicializar, las 17 mujeres sin indultar, o  «la terrible represión que sufren las mujeres y las niñas es realmente espeluznante y equiparable con la tortura». Entiendo que no se haya prestado atención a esta frase. Empero, creo que es imperante detenerse en ella.

El uso de los términos represión y tortura no es gratuito ni exagerado. Como país estamos acostumbrados a asociarlos con la guerra civil y únicamente al hablar de militantes de izquierda (ni siquiera a campesinos, pobladores de comunidades marginales o estudiantes). Relacionamos  ambos conceptos  con actos de violencia explícitos: cuerpos mutilados o uso excesivo de la fuerza por parte de entes policiales, militares,  grupos de exterminio o pandillas. Siendo este el precedente, la idea de incluir estos conceptos en el debate a favor de la despenalización del aborto parece morboso, sensacionalista. No lo es.

El informe de Amnistía Internacional hace un macabro recuento de todas las formas de violencia de género que rodean la prohibión del aborto. Es en verdad brutal; páginas y páginas de aristas económicas, educativas, de  salubridad y judiciales relacionadas con  dicha política que afectan a la persona gestante. Las leo y me resulta evidente que la mujer heterosexual pobre y sexualmente activa, quien es la principal afectada por esta prohibición, es víctima de violencia de género. Empero, al afirmarlo se me cuestiona:

492
Jein.

No son ni las comillas maliciosas ni la pregunta en sí lo que me hace compartir esa interacción, sino la pregunta subyaciente: cómo una ley puede ser violencia de género.  Cómo puede ser violencia de género la prohibición del aborto. Cómo puede el Estado violentar a un grupo en virtud de, supuestamente, el interés superior del menor. Cómo puede ser eso represión, cómo puede llamarse eso tortura. Para un amplio sector de la población esto es inconcebible. Y a mí me da asco.

Las aristas que enumera Amnistía van desde el suicidio de la mujer gestante hasta el pobre acceso a los anticonceptivos; del estigma social de la víctima de violación sexual al deficiente acceso a al justicia. Así dicho no significa nada en un país como este, con su absurda tasa de homicidios, con sus enormes trabas al procesar femicidios (y el rechazo que el término recibe): el ejercicio de la violencia es normal, parece ser el argumento de fondo.

En un pueblo tan desangrado como el nuestro no se concibe que existan formas de violencia estructurales que no requieren de un puño o de penetración sexual para ser tales. Violencia para esta sociedad es matar y enterrar en fosa común, represión es desalojar una manifestación pública con un cuerpo de choque como la UMO; torturar es mutilar cuerpos. Por ello cuando se presenta la noción de la violencia psicológica o se propone que la falta de educación sexual reprime y guía a la tortura esto es motivo de mofa, de descrédito; esto es amarillismo.

Sin embargo, no he visto a nadie negar la existencia de todos los numerales que cita Amnistía Internacional. Se sabe que no hay acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, que no hay acceso irrestricto a anticonceptivos que no conlleve sanción social o moral. Lo que no es tan evidente, parece, es que el que una mujer sexualmente activa no pueda acercarse libremente a un centro de salud y solicitar métodos anticonceptivos es una forma de represión: hay todo un conjunto de políticas (o falta de) que impide que las mujeres (de nuevo, pobres, heterosexuales y sexualmente activas) vivan su vida sexual. No es necesario que haya un soldado apuntando contra cada una de ellas cada vez que activamente busca un contacto sexual: la negativa del MINSAL a brindar métodos de planificación familiar a menores de edad, el rechazo social que enfrentan al ejercer su sexualidad son medidas estatales y sociales que condenan el derecho de las mujeres a ser seres sexuales. Al limitar el ejercicio de una libertad, esto es represión. Así, no solo reprime el Estado, sino también la sociedad.

El uso del término tortura podría generar más resistencia. Cabe aclarar que se usa en sentido amplio y se refiere en este contexto (y de forma MUY general) a un agente que despoja al individuo del control de su propio cuerpo y deshumaniza a la víctima.  Esto ocurre cuando se usan normas religiosas que no toda mujer comparte para imponer la primacía de un producto (un ciudadano en potencia) sobre una mujer gestante, cuya existencia jurídica es real y comprobable. Es ella quien es forzada a parir un ser no deseado, a criarlo en la pobreza y a perpetuar en él todo el esquema de desigualdad que le fue impuesto a ella por cometer el delito social de ser mujer sexualmente activa y pobre, crimen imperdonable en una sociedad como la salvadoreña. Hablan estos grupos del derecho a la vida, pero nunca especifican el derecho de quién.

Lo que subyace no es solo un grave problema de políticas públicas y sanción social,  sino algo más severo y mucho menos manejable: una crónica falta de empatía. Parece que es imposible para un sector muy amplio de la población reconocer la existencia de o aceptar como legítima cualquier denuncia de violencia originada por género, potencialmente dirigida al 52% de la población de El Salvador.  Por si eso fuera poco, la parte menos cuantificable pero más sensible de esa violencia, la que resulta en sanción social, es practicada por otras mujeres ─socializadas sin saberlo para ver en otra a una enemiga─.

¿Qué hacemos, entonces, en este caso? Al Estado puede criticársele, señalar sus carencias, pero ¿cómo se logra hacer entender a cierto sector de la feligresía católica que el dogma de fe no debe ser impuesto como norma jurídica? ¿Cómo lograr que los constructos de masculinidad y feminidad sean vistos como tales y por tanto pueden ser modificados si se toma la decisión de revisar los modelos de crianza? ¿Cómo hacer ver a la sociedad que el ejercicio de la sexualidad es solo colectivo cuando compete a los acceso a salud pública y educación? ¿Cómo, en resumen, le enseñamos a El Salvador que todas las mujeres son personas?